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La garantías de incorporación de los militares a un puesto de trabajo en el Sector Público (ADIF-RENFE) es un insulto a los principios fundamentales y a las personas que, aprobando un concurso-oposición siguen en espera de ser contratados (RENFE), o tienen contratos precarios de relevo sin garantías de continuidad (ADIF).
Existe una Constitución y sus leyes, en las que nos apoyamos para poder desenvolvernos y convivir con cierta normalidad. En su desarrollo descubrimos que existen ciertas garantías generadas y que son los Principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica que deben darse en las oposiciones y concursos– oposiciones en el Sector Público.
En la novela Rebelión en la Granja, se crearon siete mandamientos que, a partir de cierto momento, todos los animales debían respetar, pero que poco a poco se fueron eliminando; como parece que ahora está ocurriendo en este país con la incontestable integración de ciertos militares que pasan a la reserva -cobrando una pensión- en el sector público y las empresas que lo conforman por la vía de los estudios de las subcomisiones, comisiones y por último, el BOE.
130 militares entrarán a formar parte de las plantillas de Renfe y Adif, saltándose los principios de capacidad, mérito y transparencia, generando a su vez, indefensión jurídica en los cientos de personas que aprobaron la reciente Oferta de Empleo Público y que se encuentran a la espera de poder obtener un puesto de trabajo al que dedicaron mucho esfuerzo, tiempo, estudio y dinero.
Desde CGT no podemos compartir los argumentos dados por el Ministerio, la Dirección y con el apoyo de Semaf, UGT y CC.OO, que argumentan estas incorporaciones por el rejuvenecimiento de la plantilla y la urgencia de las contrataciones por la falta de personal. Porque estamos hablando de personas que rondan los 45 años (militares) y por otro lado, de la existencia de personas mucho más jóvenes que superaron un concurso-oposición y que siguen a la espera para ser contratados.
Otra argumentación expuesta, es el grado de adeudo social que exige solidaridad con este personal militar que arriesga su vida, llegándola a perder. Argumentos que las cifras desmienten e indican hacia dónde debemos dirigir nuestra solidaridad.
Desde 1987 hasta hoy, 173 militares han perdido la vida. Desde enero del 2017 hasta agosto del 2019, 1.421 trabajadores/as han perdido la vida durante su jornada laboral.

Es deshonesto intentar falsificar la realidad. Integridad es reconocer los hechos tal y como son, siendo el trabajo de toda esta sociedad el de resolver problemas personales y colectivos teniendo en cuenta los principios, las leyes y la consciencia. Y no, por la vía del Decretazo y la imposición que van a generar, desilusión, molestia, enfado e indefensión jurídica.
Una vez más, el Ministerio que ha dejado desatendido el ferrocarril en España, obviando sus necesidades reales, abandonando miles de kilómetros de vías, cerrando estaciones, dejando sin tren a millones de ciudadan@s que pagan sus impuestos y paralelamente ha atendido fielmente a los intereses de las grandes empresas constructoras; viene ahora a generar nueva conflictividad.

CGT, sí se posiciona en contra de esta decisión política, y no lo hace por la procedencia de este personal, sino por el método elegido de ingreso, que no pasa por el mecanismo habitual de las Ofertas de Empleo Público abiertas a toda la ciudadanía, sin tratos preferentes o distinciones. Igualdad, capacidad, mérito, transparencia… Honestidad.

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